Caso $LIBRA: a casi un año del criptoescándalo, la Cámara Federal ordenó acelerar la investigación y aumentar el embargo a los imputados

A casi un año del criptoescándalo $LIBRA, la causa judicial que investiga la cocina detrás del lanzamiento del token difundido por el presidente Javier Milei sigue en instancias casi preliminares: todavía no se llamó a nadie a declarar. En ese sentido, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones deslizó una sutil alerta y ordenó que se investigue más rápido el caso para “respetar los derechos” tanto de los presuntos damnificados como de los acusados dentro del caso.

Lo hizo a través de un despacho emitido este jueves, que lleva la firma de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en el que se expide a medias sobre el pedido de una de las querellas, que había protestado por los bajos montos que se le habían puesto en los embargos a los imputados.

En concreto, el juez Marcelo Martínez de Giorgi (a cargo de la causa) había establecido en 36.875.000 pesos el embargo contra los empresarios Manuel Terrones Godoy (Kmanus88 en redes sociales), Mauricio Novelli y Hayden Davis, quienes participaron desde distintos roles en el proyecto desde un comienzo. Ellos tres además estuvieron juntos en Dallas al momento de publicar el token en la blockchain y de compartir el contrato inteligente con Milei para que lo difunda.

A cambio oficial de este viernes, son poco más de 22 mil dólares. Según contó Clarín, Davis solía gastar el doble sólo en las cenas de los días previos al lanzamiento del token.

El pedido para aumentar los montos había sido efectuado por los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi, quienes forman parte del equipo del dirigente social Juan Grabois. El diputado del Frente Patria Grande representa a un puñado de damnificados que compraron el token y perdieron.

Además de protestar por los montos bajos, los abogados habían puesto el foco en la posibilidad de mover fondos digitales fuera de los alcances efectivos de la Justicia. Por ejemplo, la Justicia corroboró que Novelli y Terrones Godoy hicieron una transferencia de 500 mil dólares cripto tres días antes de que se les dictara un primer congelamiento.

El congelamiento alrededor de los fondos es un tema que se debate desde el primer momento del caso. La jueza María Servini, la primera en tener la causa en su poder, había dictado un congelamiento total (una medida de no innovar) a los implicados.

Pero la causa $LIBRA tuvo varios idas y vueltas en el plano judicial. Pasó a manos de Martínez de Giorgi recién a partir de una decisión del juez Ariel Lijo, que resolvió remitirla mientras cubría a Servini en su juzgado durante una licencia.

También generó una disputa entre salas de la Cámara Federal, cuando tanto la I como la II se metieron a resolver en el expediente. La Sala II había dado de baja el congelamiento y pidió reemplazarlo por un embargo preventivo, con monto a fijar por el juez, que para esa altura ya era Martínez de Giorgi.

Ahora la Sala I es quien intervino en el expediente. Tomó como válido el planteo de los abogados de Grabois, les rechazó el pedido para congelar nuevamente los fondos de los implicados, pero ordenó al juez que actualice los montos a embargar en los próximos 90 días.

También pidió que se evalúe de manera individual el embargo que le corresponde a cada uno de los imputados en lugar de establecer un número general. Además de los tres lobbistas antes mencionados, en la causa aparecen María Pía Novelli y Maria Alcides Rafaele, hermana y madre de Novelli, y el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales.

Según figura en el documento judicial al que tuvo acceso Clarín, la justificación para los bajos embargos se basaba en que los damnificados que efectivamente se presentaron ante la Justicia habían denunciado montos pequeños, los cuales quedaban cubiertos por esos 36 millones de pesos. Y que hablar de más víctimas es “conjetural”. Fueron los planteos que esgrimió la defensa.

Pero eso puede cambiar en las próximas semanas si se aceptan como querellantes a dos ciudadanos bielorrusos que denuncian haber perdido cerca de dos millones de dólares por operar con $LIBRA. Esto podría abrir la puerta a que sean más los damnificados del exterior que entren a litigar en el país. Según señala una fuente a Clarín, hay damnificados de Europa del Este, de Estados Unidos o de Asia que, por distintos motivos, no quieren entrar a la causa que se tramita en Nueva York.

Martínez de Giorgi aún no los aceptó. Pidió a ARCA un informe sobre ambos sujetos para saber si tienen actividad en el país. También un dictamen al fiscal Eduardo Taiano, que lleva adelante la investigación. Todavía no respondió.

La Sala I, sin embargo, reconoció la existencia de esos dos nuevos damnificados y señaló que el monto de 36 millones de pesos queda “desproporcionadamente bajo” si se suman.

En medio del escrito, la Sala I también dejó plasmada la necesidad de acelerar los tiempos de la investigación, justificándose en la excepcionalidad que revisten las medidas que congelan el patrimonio de los imputados.

Alli pidieron que “se arbitre los medios necesarios” para obtener la producción de las pruebas para “esclarecer la situación” de los imputados, señalando el riesgo de desvirtuar las medidas cautelares si no avanza la investigación y del proceso penal en sí.

“La verosimilitud del derecho y el peligro en la demora invocados, en el supuesto de no progresar de forma simultánea a la instrucción, terminarán por desvirtuar la naturaleza de las medidas cautelares ordenadas en esta etapa preliminar”, cerró su escrito el tribunal.

El token de $LIBRA fue lanzado el 14 de febrero de 2025 por la tarde. Minutos más tarde, Milei lo compartió en sus redes sociales como un proyecto para financiar empresas argentinas. Desde ese tuit, el precio pasó de 0,01, dólares a 5 en pocas horas, pero luego se desplomó, dejando a miles de inversores a pérdida. Otros, sin embargo, sacaron ganancias millonarias, muchos de ellos por contar con información privilegiada sobre el lanzamiento.

La maniobra de venta masiva fue señalada como una posible estafa del tipo rug pull y derivó en distintas denuncias en la justicia argentina que se centralizaron en la causa que hoy tienen Taiano y Martínez de Giorgi. También se investiga si existieron pagos de dádivas para que Milei difunda el tuit en su cuenta de X.

En la causa aparecen denunciados Milei; su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el empresario singapurense Julian Peh (cuyo nombre real es Peh Chyi Haur); además de Davis, Terrones Godoy, Morales, Novelli y su familia.